Límite de pago en efectivo en España: normativa vigente, excepciones y sanciones

España tiene uno de los límites de pago en efectivo más restrictivos de Europa. Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, el importe máximo que se puede pagar en efectivo en una operación en la que interviene un profesional (empresario o autónomo) está fijado en 1.000 euros.

Este límite afecta a todo tipo de transacciones comerciales donde una de las partes actúa en el ejercicio de su actividad profesional: compras en tiendas, pagos de servicios, facturas de proveedores, honorarios profesionales, pagos en restaurantes y hoteles, y cualquier otra operación donde el receptor del pago es un empresario o profesional.

Entender bien esta normativa es fundamental para cualquier negocio que maneje efectivo, porque las sanciones por incumplimiento son severas y afectan tanto al pagador como al receptor del pago. En esta guía cubrimos todos los aspectos de la limitación: a quién afecta, qué operaciones están incluidas y excluidas, cómo se calculan las sanciones, qué obligaciones tiene el comercio y cómo gestionar las situaciones prácticas que genera esta normativa en el día a día.

Cuál es el límite actual de pago en efectivo en España

El límite vigente desde el 11 de julio de 2021 es de 1.000 euros para operaciones en las que al menos una de las partes actúa como empresario o profesional. Antes de esa fecha, el límite era de 2.500 euros, reducido a la mitad por la Ley Antifraude.

Para operaciones entre particulares (ninguna de las partes actúa como profesional), no existe un límite legal de pago en efectivo. Dos particulares pueden comprar y vender un coche de segunda mano por 15.000 euros en efectivo sin infringir la ley, siempre que ninguno de los dos sea un profesional del sector del automóvil.

Hay un caso especial para no residentes fiscales en España. Cuando el pagador es una persona física que no tiene su domicilio fiscal en España, el límite se eleva a 10.000 euros. Esta excepción está pensada para turistas y visitantes que pueden llevar efectivo de su país de origen y no necesariamente disponen de medios de pago electrónicos operativos en España.

A quién afecta el límite de pago en efectivo

La limitación se aplica cuando al menos una de las partes de la operación es un empresario o profesional. Esto incluye sociedades (SL, SA), autónomos, comunidades de bienes, asociaciones y cualquier otra forma jurídica que ejerza una actividad económica.

La norma afecta a ambas partes de la transacción: tanto al que paga como al que cobra. Si un cliente intenta pagar una factura de 1.200 euros en efectivo a un taller mecánico, tanto el cliente como el taller incurren en infracción si la operación se completa. Esto significa que el comercio tiene la responsabilidad de rechazar el pago en efectivo cuando el importe supera los 1.000 euros, independientemente de lo que prefiera el cliente.

En la práctica, el responsable habitual de controlar el cumplimiento es el profesional que recibe el pago, porque es quien está en posición de rechazar el efectivo y ofrecer alternativas (pago con tarjeta, transferencia bancaria, cheque nominativo). El profesional que acepta un pago en efectivo superior a 1.000 euros se expone a la misma sanción que el cliente que lo realiza.

Qué operaciones están sujetas al límite

Están sujetas todas las operaciones de pago en las que interviene un profesional, sin importar la naturaleza de la operación: compraventa de bienes, prestación de servicios, pagos de alquileres, liquidación de facturas, anticipos, pagos fraccionados de una misma operación y cualquier otro pago vinculado a una actividad económica.

El fraccionamiento de pagos no elude el límite

La norma establece explícitamente que no se puede fraccionar una operación para eludir el límite. Si una factura es de 1.500 euros, no se puede pagar 800 euros hoy en efectivo y 700 euros mañana en efectivo. La suma de ambos pagos supera los 1.000 euros y la operación total está sujeta al límite.

Hacienda considera como una misma operación todos los pagos que derivan de un mismo contrato, presupuesto, factura o acuerdo comercial, independientemente de que se hagan en fechas distintas. Intentar fraccionar el pago en partes inferiores a 1.000 euros se considera una maniobra para eludir la limitación y puede agravar la sanción.

Pagos mixtos: parte en efectivo y parte con otro medio

Lo que sí está permitido es pagar una parte de la operación en efectivo (hasta 1.000 euros) y el resto con otro medio de pago (tarjeta, transferencia, cheque). Por ejemplo, una factura de 2.000 euros puede pagarse con 1.000 euros en efectivo y 1.000 euros por transferencia. Esta modalidad es legal porque la parte en efectivo no supera el límite.

Operaciones recurrentes

Los pagos recurrentes del mismo cliente al mismo proveedor (por ejemplo, una cuota mensual de 200 euros durante un año por un servicio de mantenimiento) no se acumulan a efectos del límite siempre que cada pago individual corresponda a una factura o concepto independiente. Cada pago mensual de 200 euros es una operación autónoma que no supera los 1.000 euros.

Sin embargo, si el contrato establece un precio total de 2.400 euros pagaderos en 12 cuotas mensuales, Hacienda podría considerar que la operación total es de 2.400 euros y que las cuotas en efectivo son un fraccionamiento. La interpretación depende de cómo esté redactado el contrato y de cómo se facturen los pagos. Ante la duda, es recomendable que los pagos recurrentes superiores a 1.000 euros en su totalidad se realicen por medios trazables.

Sanciones por superar el límite de pago en efectivo

La sanción por incumplir el límite de pago en efectivo es una multa pecuniaria proporcional del 25% del importe de la operación pagada en efectivo. No del exceso sobre 1.000 euros, sino del total de la parte pagada en efectivo.

Si una operación de 3.000 euros se paga íntegramente en efectivo, la sanción es el 25% de 3.000 euros = 750 euros. Si se pagan 2.000 euros en efectivo y 1.000 euros por transferencia, la sanción es el 25% de 2.000 euros = 500 euros.

La sanción se impone solidariamente a ambas partes (pagador y receptor). Esto significa que Hacienda puede reclamar los 750 euros íntegramente al pagador, al receptor o a ambos repartidamente. En la práctica, suele sancionar a quien puede identificar más fácilmente, que generalmente es el profesional receptor del pago porque sus operaciones quedan registradas en su contabilidad.

Denuncia y reducción de la sanción

La norma incluye un mecanismo de incentivo a la denuncia: si alguna de las partes denuncia la operación ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, queda exonerada de la sanción. Pero la exoneración solo se aplica a la parte que denuncia primero. Si ambas partes denuncian, solo se exonera la que lo hizo en primer lugar.

Este mecanismo genera un escenario de «dilema del prisionero»: tanto el pagador como el receptor tienen incentivos para denunciar la operación antes que el otro. El resultado práctico es que, en caso de conflicto entre las partes, la operación probablemente será denunciada por una de ellas, con la consiguiente sanción para la otra.

Cómo afecta el límite de pago en efectivo a los comercios

Para los comercios, la principal implicación práctica es la obligación de rechazar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros y ofrecer alternativas. Esto requiere disponer de un datáfono para pagos con tarjeta y, preferiblemente, tener la opción de cobrar por transferencia o bizum para importes altos.

Los sectores más afectados por esta limitación son los que tradicionalmente manejan importes altos en efectivo: joyerías, concesionarios de coches de segunda mano, tiendas de electrónica, tiendas de muebles, reformas y construcción, y cualquier actividad donde los tickets superen habitualmente los 1.000 euros.

El comercio debe tener clara la política de pago y comunicarla al cliente antes de cerrar la venta, no en el momento del cobro. Un cartel visible en el punto de venta indicando «Según la normativa vigente, los pagos en efectivo están limitados a 1.000€. Disponemos de datáfono y transferencia bancaria» es una buena práctica que evita situaciones incómodas en caja.

Obligaciones de registro y documentación

Los comercios no tienen la obligación legal de registrar todos los pagos en efectivo por debajo de 1.000 euros en un libro especial. Sin embargo, la normativa contable general sí exige que todos los cobros y pagos queden registrados en la contabilidad del negocio, independientemente del medio de pago. El arqueo de caja diario y el registro de ventas en el TPV cumplen con esta obligación para las operaciones ordinarias.

Para operaciones cercanas al límite (entre 800 y 1.000 euros), es recomendable conservar documentación adicional que demuestre que el pago no ha sido fraccionado: la factura original, el ticket de compra y cualquier comunicación con el cliente que evidencie que el pago se corresponde con una operación única y completa.

El límite de pago en efectivo en otros países europeos

España no es el único país europeo con limitaciones al uso de efectivo, pero su límite de 1.000 euros es uno de los más bajos del continente.

Francia tiene un límite de 1.000 euros para residentes fiscales y 15.000 euros para no residentes, un esquema similar al español. Italia fija el límite en 5.000 euros desde 2023 (tras fluctuar entre 1.000 y 3.000 euros en años anteriores). Portugal limita los pagos en efectivo a 3.000 euros. Grecia tiene uno de los límites más bajos, con 500 euros para operaciones B2C.

Alemania, Austria, Países Bajos, Irlanda y los países nórdicos no tienen un límite legal específico para pagos en efectivo, aunque existen obligaciones de identificación del cliente para transacciones superiores a determinados umbrales (normalmente 10.000-15.000 euros) en el marco de la normativa antiblanqueo.

A nivel europeo, la Unión Europea ha propuesto un límite armonizado de 10.000 euros para pagos en efectivo en toda la UE, como parte del paquete legislativo contra el blanqueo de capitales aprobado en 2024. Cuando entre en vigor (previsto para 2027-2028), los países con límites más restrictivos (como España con 1.000 euros) podrán mantenerlos, pero los que no tenían límite deberán adoptar el tope de 10.000 euros.

Implicaciones para autónomos y pequeños negocios

Los autónomos y pequeños negocios son los más vulnerables al impacto de esta limitación porque, a diferencia de las grandes empresas, muchos de ellos tienen una parte significativa de su facturación en efectivo y no siempre disponen de infraestructura de cobro electrónico.

Un fontanero autónomo que cobra una reparación de 1.200 euros no puede aceptar el pago íntegro en efectivo. Necesita un datáfono móvil (un dispositivo SumUp, iZettle o similar cuesta entre 30 y 80 euros sin cuota mensual), una cuenta bancaria donde el cliente pueda hacer transferencia, o aceptar un cheque nominativo. Si no dispone de ninguno de estos medios y acepta el efectivo, ambos (fontanero y cliente) se exponen a una sanción de 300 euros (25% de 1.200 euros).

Para los negocios que reciben pagos altos con frecuencia (talleres mecánicos, clínicas dentales, academias con matriculaciones anuales, empresas de reformas), la solución más práctica es disponer de un TPV con datáfono que permita cobros con tarjeta y ofrecer la alternativa de transferencia bancaria o bizum para importes altos. El coste de un datáfono móvil (30-80 euros de adquisición más una comisión del 1-2% por transacción) es infinitamente menor que el riesgo de una sanción del 25% sobre operaciones de miles de euros.

Situaciones prácticas frecuentes y cómo resolverlas

Estas son las situaciones que más dudas generan en el día a día de los comercios y la respuesta correcta para cada una.

Un cliente quiere pagar una compra de 1.500€ en efectivo

No se puede. El comercio debe rechazar el pago íntegro en efectivo y ofrecer alternativas: pagar 1.000€ en efectivo y 500€ con tarjeta o transferencia, o pagar el total con tarjeta. Si el cliente insiste en pagar todo en efectivo y no tiene otro medio, la venta no puede completarse sin que ambas partes se expongan a sanción.

Un cliente paga exactamente 1.000€ en efectivo

Es legal. El límite es de 1.000 euros, y el pago de exactamente esa cantidad no lo supera. Sin embargo, conviene conservar la documentación de la operación (factura, ticket) por si Hacienda cuestiona el importe en una inspección.

Un cliente compra dos artículos de 600€ cada uno y quiere pagar uno en efectivo y otro con tarjeta

Si son dos operaciones independientes (dos tickets o facturas separadas), cada una está por debajo de 1.000 euros y el pago en efectivo de una de ellas es legal. Si el cliente compra ambos artículos en una sola operación (un solo ticket de 1.200 euros), no puede pagar más de 1.000 euros en efectivo aunque los artículos sean independientes.

Un turista extranjero quiere pagar 5.000€ en efectivo

Si el turista no es residente fiscal en España, el límite se eleva a 10.000 euros. Un pago de 5.000 euros en efectivo por un no residente es legal. El comercio debe verificar que el cliente no es residente (puede pedir documentación como el pasaporte) y conservar un registro de la operación. Para importes superiores a 10.000 euros, las obligaciones de identificación de la normativa antiblanqueo exigen documentación adicional.

Un proveedor me pide que le pague una factura de 3.000€ en efectivo

No se puede. La limitación aplica a cualquier operación entre profesionales (B2B), no solo a operaciones con consumidores finales. El pago debe realizarse por transferencia, cheque nominativo o cualquier otro medio trazable. Si el proveedor insiste en efectivo, es una señal de alarma que conviene documentar y, si es necesario, denunciar.

Relación entre el límite de pago en efectivo y la normativa antiblanqueo

El límite de 1.000 euros para pagos en efectivo es una medida fiscal recogida en la Ley 11/2021 (Ley Antifraude), pero coexiste con otra normativa que también regula el uso del efectivo: la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Mientras que la Ley Antifraude fija un límite de pago a partir del cual no se puede usar efectivo, la Ley de Blanqueo establece obligaciones de identificación y comunicación para determinados sujetos obligados (entidades financieras, notarios, registradores, agentes inmobiliarios, joyeros, auditores, asesores fiscales, casas de cambio, entre otros) cuando manejan operaciones con medios de pago de cualquier tipo superiores a ciertos umbrales.

Los sujetos obligados por la normativa antiblanqueo deben identificar a sus clientes para operaciones iguales o superiores a 1.000 euros (aunque se paguen con medio trazable), comunicar operaciones sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) y conservar la documentación de la operación durante un mínimo de 10 años.

Además, la normativa de blanqueo obliga a declarar ante el SEPBLAC los movimientos de efectivo nacionales iguales o superiores a 100.000 euros y los movimientos transfronterizos de efectivo iguales o superiores a 10.000 euros (Modelo S-1 de declaración previa). Estos umbrales son independientes del límite de 1.000 euros de la Ley Antifraude y aplican incluso a operaciones entre particulares.

Declaración de efectivo en aduanas y movimientos transfronterizos

Cualquier persona que entre o salga de España con 10.000 euros o más en efectivo (o su equivalente en otra divisa) tiene la obligación de declararlo ante la aduana. Esta obligación aplica tanto a billetes y monedas como a cheques bancarios al portador, cheques de viaje y cualquier otro medio de pago al portador.

La declaración se realiza mediante el formulario S-1 ante el Servicio de Aduanas. No es necesario solicitar autorización previa: la obligación es simplemente declarar la cantidad que se transporta. No declarar el efectivo, declarar una cantidad inferior a la real o no poder justificar el origen de los fondos puede resultar en la retención del dinero y en sanciones que van desde el 25% hasta el 100% del importe no declarado.

Dentro del territorio español, también existe la obligación de declarar movimientos de efectivo iguales o superiores a 100.000 euros al SEPBLAC mediante el formulario S-1 de movimientos nacionales. Esta declaración es menos conocida pero igualmente obligatoria.

Cómo implementar el control del límite de efectivo en tu negocio

Para los comercios y profesionales, cumplir con la limitación de pagos en efectivo requiere un protocolo interno claro que todo el personal de caja conozca y aplique de forma consistente.

Señalización visible en el punto de venta

Un cartel en la zona de caja informando del límite legal de 1.000 euros para pagos en efectivo cumple dos funciones: evita la situación incómoda de tener que rechazar un pago en el último momento y demuestra ante Hacienda que el negocio informa proactivamente a sus clientes de la normativa.

El texto del cartel puede ser algo como: «Conforme a la Ley 11/2021 de prevención del fraude fiscal, los pagos en efectivo no pueden superar los 1.000€ en operaciones con profesionales. Disponemos de cobro con tarjeta y transferencia bancaria para importes superiores.» Sencillo, informativo y sin tono intimidatorio.

Formación del personal de caja

Todo empleado que gestione cobros debe saber que no puede aceptar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros, que no puede fraccionar la operación para eludir el límite, qué alternativas puede ofrecer al cliente (tarjeta, transferencia, bizum) y qué hacer si el cliente se niega a usar otro medio de pago (no completar la venta y comunicar la situación al responsable del negocio).

Registro y documentación de operaciones en efectivo altas

Para operaciones en efectivo entre 500 y 1.000 euros, aunque están dentro del límite legal, es buena práctica conservar una copia del ticket y anotar el concepto de la venta. Si Hacienda investiga, poder demostrar que las operaciones en efectivo altas son legítimas y corresponden a ventas reales es más fácil con documentación organizada que con una caja negra de tickets sin contexto.

Disponer de medios de cobro electrónicos

Un negocio que vende habitualmente por encima de 1.000 euros y no dispone de datáfono está, en la práctica, forzando a los clientes a buscar una alternativa (ir al banco a hacer una transferencia, pedir un cheque) o tentándoles a pagar en efectivo y asumir el riesgo de sanción. Disponer de un datáfono es la forma más sencilla de cumplir con la normativa sin complicar la experiencia de compra del cliente.

Los datáfonos móviles (SumUp, Square, iZettle) cuestan entre 30 y 80 euros sin cuota mensual y aplican comisiones del 1-2% por transacción. Para un negocio que realiza 5 cobros al mes por encima de 1.000 euros con ticket medio de 1.500 euros, la comisión mensual sería de 75-150 euros. Comparado con una sanción de 375 euros por una sola operación incumplidora (25% de 1.500 euros), el datáfono se paga solo con la primera sanción que evita.

Sectores más afectados por el límite de pago en efectivo

Aunque la normativa afecta a todos los sectores por igual, en la práctica ciertos negocios notan un impacto más directo porque tradicionalmente manejan importes elevados en efectivo y trabajan con un perfil de cliente acostumbrado a pagar en metálico.

Joyerías, relojerías y tiendas de artículos de lujo

Las joyerías son uno de los sectores donde el límite de 1.000 euros genera más fricción comercial. El ticket medio de una joya de cierta calidad supera con frecuencia ese umbral, y una parte de la clientela, especialmente turistas no europeos, prefiere pagar en efectivo. Para no residentes el límite es 10.000 euros, pero el joyero debe verificar la condición de no residente del comprador y conservar documentación que lo acredite (pasaporte, declaración jurada). Muchas joyerías han optado por instalar datáfonos con aceptación de UnionPay y Alipay para atender al turismo asiático sin depender del efectivo.

Talleres mecánicos y concesionarios de vehículos

Las reparaciones de vehículos superan los 1.000 euros con facilidad: un cambio de embrague, una reparación de chapa y pintura, una revisión con sustitución de piezas importantes. Los talleres que trabajan con particulares deben comunicar el límite antes de iniciar la reparación para evitar situaciones en las que el cliente llega a recoger el coche con 1.500 euros en efectivo y el taller se ve obligado a rechazar el pago. Incluir la información sobre medios de pago aceptados en el presupuesto previo elimina este problema.

Reformas del hogar y construcción

El sector de la construcción y las reformas ha sido históricamente uno de los más señalados por pagos en efectivo de cuantías elevadas. Fontaneros, electricistas, albañiles y empresas de reformas que realizan trabajos con facturas de 2.000 a 20.000 euros están obligados a cobrar por medios trazables. Las transferencias bancarias son el medio más habitual en este sector, aunque cada vez más profesionales aceptan bizum para pagos parciales y datáfono para el resto.

Hostelería y eventos

Los restaurantes rara vez alcanzan los 1.000 euros en una sola mesa, pero los servicios de catering, celebraciones, banquetes y alquiler de espacios para eventos sí superan ese importe regularmente. Un banquete de boda, una comunión o un evento corporativo pueden generar facturas de 5.000 a 50.000 euros. En estos casos, el cobro por transferencia bancaria o pasarela de pago es obligatorio para la parte que supere los 1.000 euros en efectivo, y la mayoría de empresas de catering ya trabajan con pagos anticipados por transferencia y liquidación final con tarjeta.

Comercio de segunda mano y antigüedades

Las tiendas de antigüedades, compraventa de oro, casas de empeño y comercios de artículos de segunda mano de valor (electrónica, instrumentos musicales, arte) operan en un entorno donde el efectivo ha sido el medio de pago dominante durante décadas. La normativa obliga a estos negocios a adaptarse con medios de pago electrónico, y además muchos están sujetos a obligaciones adicionales de identificación del vendedor y registro de operaciones por la normativa de blanqueo de capitales, lo que refuerza la necesidad de trazabilidad en cada transacción.

Tendencias y posibles cambios futuros en la regulación del efectivo

La tendencia regulatoria tanto en España como en Europa es hacia una mayor restricción del uso del efectivo en operaciones comerciales. Aunque el derecho al uso del efectivo está reconocido por el BCE y por las instituciones europeas (el euro en forma de billetes y monedas es moneda de curso legal), las limitaciones a su uso en transacciones de cierta cuantía están generalizándose.

En España, no se descarta una futura reducción del límite de 1.000 euros. Antes de 2021, el límite era de 2.500 euros y se redujo a 1.000 euros. Algunos expertos y organismos anticorrupción abogan por reducirlo aún más o incluso eliminarlo para operaciones B2B.

Por otro lado, la implantación del euro digital (actualmente en fase de desarrollo por el BCE) podría ofrecer una alternativa al efectivo físico que combine la inmediatez del pago en efectivo con la trazabilidad del pago electrónico. Si el euro digital se materializa, podría modificar el debate sobre los límites al uso del efectivo, al ofrecer un medio de pago que satisface las preocupaciones de trazabilidad fiscal sin eliminar el acceso al dinero público para los ciudadanos que no usan banca electrónica.

Para los comercios, la recomendación a medio y largo plazo es clara: invertir en infraestructura de cobro electrónico (datáfonos, pasarelas de pago online, aceptación de bizum) y reducir la dependencia operativa del efectivo. No porque el efectivo vaya a desaparecer, sino porque la regulación sobre su uso será cada vez más restrictiva y los costes de incumplimiento (sanciones, inspecciones, riesgo reputacional) crecerán proporcionalmente.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el límite actual de pago en efectivo en España?

El límite es de 1.000 euros cuando al menos una de las partes es un empresario o profesional. Para no residentes fiscales en España, el límite es de 10.000 euros. Entre particulares que no actúan como profesionales, no hay límite legal de pago en efectivo, aunque transacciones superiores a determinados umbrales pueden tener implicaciones fiscales (declaración del origen de los fondos).

¿Qué sanción hay por superar el límite de pago en efectivo?

La sanción es del 25% del importe total pagado en efectivo, no del exceso sobre 1.000 euros. Se impone solidariamente a ambas partes de la operación (pagador y receptor). Si una de las partes denuncia la operación ante Hacienda en los 3 meses siguientes, queda exonerada de la sanción, pero solo la primera parte en denunciar obtiene la exoneración.

¿Puedo pagar parte en efectivo y parte con tarjeta?

Sí, siempre que la parte pagada en efectivo no supere los 1.000 euros. Por ejemplo, una factura de 2.500 euros puede pagarse con 1.000 euros en efectivo y 1.500 euros con tarjeta o transferencia. La parte en efectivo no supera el límite y la operación es legal.

¿El límite aplica entre particulares?

No, el límite de 1.000 euros solo aplica cuando al menos una de las partes actúa como empresario o profesional. Dos particulares pueden realizar pagos en efectivo de cualquier importe sin infringir esta norma. Sin embargo, deben poder justificar el origen del dinero ante Hacienda si se les requiere, especialmente en operaciones de gran cuantía como la compraventa de vehículos o inmuebles.

¿Mi negocio está obligado a tener datáfono?

No existe una obligación legal general de disponer de datáfono o TPV con pago por tarjeta. Sin embargo, dado que el límite de pago en efectivo es de 1.000 euros, cualquier negocio que venda productos o servicios por encima de ese importe necesita ofrecer un medio de pago alternativo al efectivo para poder completar la venta legalmente. En la práctica, un datáfono móvil (desde 30€ sin cuota mensual) es la opción más sencilla y económica.

¿El límite de pago en efectivo afecta a los pagos de alquiler?

Sí. El arrendador de un inmueble actúa como profesional cuando alquila una propiedad, por lo que el pago del alquiler en efectivo está sujeto al límite de 1.000 euros. Si la renta mensual supera esa cantidad, el inquilino debe pagar por transferencia bancaria u otro medio trazable. Las rentas inferiores a 1.000 euros mensuales pueden pagarse en efectivo legalmente, aunque la transferencia bancaria es siempre más recomendable por la trazabilidad que ofrece a ambas partes.